La Fundación Crecer en Paz, creada por la cementera Argos en 2015, es propietaria de más de 6.000 hectáreas de tierra en El Carmen de Bolívar y Ovejas. / Archivo particular

En la Consejería Presidencial para la Estabilización avanza un ambicioso proyecto con un alto impacto para la región de los Montes de María. En unas 5.000 hectáreas de tierra, el Gobierno proyecta levantar lo que hasta el momento lleva el nombre de Villa Paz con Legalidad, que incluye una ciudadela y una serie de proyectos productivos para familias campesinas de la zona. Los terrenos en los que se ejecutaría el proyecto son los de la Fundación Crecer en Paz, creada por la cementera Argos en 2015, para donarle la tierra que compró en esa región, poco antes de que sobre esos predios se empezaran a emitir fallos de restitución de tierras a favor de campesinos que los reclamaban.

El pasado viernes 21 de febrero hubo una reunión en Medellín para avanzar en esa iniciativa. Se reunieron las cabezas de las principales agencias que tienen que ver en la implementación del Acuerdo de Paz con los directivos de Argos y de Crecer en Paz, para empezar a aterrizar lo que hasta ahora es un borrador del proyecto. Asistieron Emilio Archila, consejero para la Estabilización; Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio; Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación; Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras, y Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, entre otros funcionarios. Estuvieron Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, y María Clara Rodríguez, directora de Crecer en Paz.

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En ese encuentro, los funcionarios de la Consejería les expusieron a los directivos de Argos y de la fundación el proyecto para aprovechar buena parte de las más de 6.000 hectáreas que tiene Crecer en Paz principalmente en El Carmen de Bolívar. “Es un proyecto visionario que contempla el aprovechamiento de 4.934 hectáreas para la construcción de una ciudadela rural de 63 hectáreas y la implementación de 4.272 hectáreas de proyectos para la Fase I y 599 hectáreas de proyectos para la Fase II, en beneficio de 1.716 familias”, se lee en la introducción del proyecto, que conoció este diario.

Según la presentación, se daría cumplimiento a 46 iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de los Montes de María y se beneficiarían, además de las 1.716 familias, 90 excombatientes en proceso de reincorporación. El proyecto contempla mejorar las condiciones de 2.000 viviendas de la zona y construir 429 nuevas casas, ubicadas dentro de la ciudadela. Cada una ocuparía un lote de 800 m2, que incluiría la casa y el espacio para un proyecto productivo, que incluye sistemas de ganadería silvopastoril (mezcla árboles con pastos para los animales), cultivos agrícolas y áreas de reserva o protección.

El proyecto, planeado para cinco años, tiene dos fases. En la primera se excluyen 1.148 hectáreas, porque están en proceso de restitución de tierras. En la segundafase, sin embargo, se abre la posibilidad de usar 599 hectáreas que están también en proceso de restitución.

María Clara Rodríguez, directora de Crecer en Paz, explica que las tierras que se excluyen en la primera fase están en etapa judicial avanzada, bien sea porque ya hubo fallo a favor del reclamante o se espera que así sea. Por su parte, los predios que se habiliten para la segunda fase están aún en etapa administrativa en la Unidad de Restitución de Tierras, sin que sea claro si la solicitud va a prosperar o no.

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Una historia de despojo

El pasado de las tierras que hoy pertenecen a Crecer en Paz, así como en general del territorio de los Montes de María, ha quedado documentado en sentencias de restitución de tierras, informes de organismos de control e investigaciones académicas. Entre 1997 y 2004, solo de El Carmen de Bolívar salieron desplazadas alrededor de 90 mil personas, a causa de masacres paramilitares como la de El Salado, en febrero de 2000, donde fueron asesinados más de 60 campesinos, y enfrentamientos entre ese grupo, las guerrillas de las Farc y el Eln, y la Fuerza Pública. Tras su desplazamiento, las tierras quedaron abandonadas por años.

Hacia 2008, cuando ya se habían desmovilizado los paramilitares y el frente 37 de las Farc que hacía presencia en la zona fue desestructurado tras la muerte de su jefe Martín Caballero, a la zona empezaron a llegar grandes empresarios, principalmente antioqueños, que impulsados por el Gobierno Nacional compraron masivamente tierras en esta región para reactivarla económicamente. Entre ellos, Álvaro Ignacio Echeverría, Manuel Medina Muñetón, Raúl Andrés Mora y Otto Nicolás Bula.

En 2010 apareció con fuerza -ya había llegado desde antes- la cementera Argos y empezó a comprarles a esos empresarios la tierra para implementar allí un proyecto de teca, un árbol maderable. Alcanzó a comprar unas 6.000 hectáreas antes de que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de 2011, impusiera medidas cautelares sobre la región, que le impidieron a la cementera desarrollar su proyecto. Luego, cuando los campesinos desplazados empezaron a reclamar esas tierras, Argos creó la Fundación Crecer en Paz, en 2015, y le donó toda la tierra adquirida en El Carmen de Bolívar.

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Desde 2016, han sido emitidas 14 sentencias de restitución de tierras en contra de Argos, según datos de Crecer en Paz. En ninguno de esos casos Argos pudo demostrar buena fe exenta de culpa, pues, según las sentencias, le faltó mayor diligencia al comprar las tierras, teniendo en cuenta el contexto de violencia generalizada que había atravesado la región y que era de público conocimiento. Producto de esos fallos, Crecer en Paz ha tenido que devolver a los reclamantes 590 hectáreas de tierra que hoy son parte de las más de 1.100 que se excluyeron para la Fase I de Villa Paz con Legalidad.

“Las tierras seleccionadas para el proyecto son las que no tienen ninguna clase de antecedentes de restitución ni problemas de esa naturaleza. Por eso se han excluido intencionalmente las que están en proceso de restitución, y si eso culmina con sentencia favorable a ellos, se les ofrecería que se vincularan al proyecto”, dijo Camilo Abello, vocero de Argos. Por eso, la cifra de 599 hectáreas que se habilitan en la Fase II puede aumentar si más campesinos restituidos deciden sumarse al proyecto.

Sin embargo, para Jhenifer Mojica, abogada experta en restitución de tierras que integró la Comisión Colombiana de Juristas y hoy forma parte de la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales, el proyecto es controversial en tanto se plantea en tierras que han sido objeto de despojo. “El proyecto supone que es de buena fe, que persigue la construcción de paz, además cómo negar que es necesario mejorar las condiciones de habitabilidad en la región, pero eso no se puede hacer en tierras despojadas salvo que haya decisiones de fondo que digan que no hay casos de despojo de tierras, lo cual no ha pasado en el caso de Argos”, teniendo en cuenta los fallos que han salido en su contra.

“Como no ha logrado demostrar la buena fe exenta de culpa en los fallos que han salido, puede pensarse que es un patrón, porque las tierras están allí mismo y no es que la violencia haya afectado a unos sí y a otros no, sino que fue una violencia generalizada”, dice Mojica.

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El capítulo del despojo en relación con las 4.300 hectáreas proyectadas para la primera fase no está cerrado. La directora de Crecer en Paz y el director de la URT, Andrés Castro, aseguraron que sobre parte de esas hectáreas también se presentaron en su momento solicitudes de restitución de tierras que fueron negadas por la Unidad. El director de esa entidad, en conversación con este diario, aseguró que enviaría las cifras sobre qué porcentaje de las 4.300 hectáreas se presentó solicitud de restitución, pero al cierre de esta edición la información no había llegado.

Actualmente, la Procuraduría General avanza en un estudio sobre esas negaciones, al considerar que se pudieron haber cometido irregularidades al momento de desestimar a los reclamantes. En el departamento de Bolívar, de 6.574 solicitudes de restitución presentadas, fueron negadas 3.365, más de la mitad. De esas, 1.368 fueron negadas solo en El Carmen de Bolívar.

La Procuraduría consideró de entrada que aquellas solicitudes negadas por desistimiento de los reclamantes deben ser revocadas, teniendo en cuenta la prevalencia de su derecho a la restitución. Por ello, solicitó la revocatoria directa de 429 negaciones por desistimientos, principalmente en los municipios de los Montes de María. En El Carmen de Bolívar se solicitó revocar las negaciones de 68 solicitudes. No es posible verificar si esas negaciones que se ordenó revocar se dieron sobre terrenos contemplados en Villa Paz con Legalidad, pues la única entidad que tiene esa información es la URT y su director no la remitió a este diario.

Esa actuación de la Procuraduría sigue su curso y a medida que se revisen los expedientes pueden solicitar nuevas revocaciones. “Esto hace que haya una gran incertidumbre sobre las tierras. Contrario a lo que se quiere mostrar como una seguridad jurídica, lo que genera es una mayor inestabilidad, es como una arena movediza. Esas decisiones en etapa administrativa no son concluyentes y en cualquier momento se pueden echar para atrás”, dice Mojica.

Tierras de la reforma agraria

Un detallado informe que elaboró la Superintendencia de Notariado y Registro en 2011 sobre las ventas masivas de tierra en los Montes de María estableció que más del 40 % de las tierras que se adquirieron de forma masiva desde 2008 pertenecían a adjudicaciones que el Incora hizo a campesinos durante la década de 1990, en el marco de la reforma agraria. De esa manera también se ha demostrado en sentencias de restitución de tierras que Unidades Agrícolas Familiares (UAF) terminaron en manos de empresarios como Álvaro Ignacio Echeverría, quien después le vendió esa tierra a Argos.

“La filosofía de la reforma agraria, así en Colombia haya sido fallida, era dotar de tierra al campesino sin tierra o con tierra insuficiente, y eso no fue lo que pasó en el caso de los compradores masivos”, sostiene Paola García, investigadora del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario y profesora del departamento de ciencia política de la Universidad del Norte. Por el contrario, a raíz de la violencia y el despojo en esta región del país, la vocación campesina se transformó, pues muchas de las familias que salieron desplazadas no regresaron al campo. Por ello, para García este proyecto contraría la finalidad de la reforma agraria, que es que los titulares de esa tierra deberían ser los campesinos.

Esa es la promesa que hace María Clara Rodríguez, de Crecer en Paz: los dueños de los predios que serán usados para el proyecto serán los campesinos, a través de sus organizaciones. “Las tierras no cambian de propiedad hasta que se les entreguen a las asociaciones de campesinos. El aporte de la fundación en esta propuesta son las tierras, pero eso no quiere decir que se la vamos a titular al Gobierno ni a la Alcaldía ni a la Gobernación. La propiedad no cambia hasta que las asociaciones que se armen para trabajar en los proyectos estén listas para titular”. Hasta ahora, lo que ha venido pasando en las tierras de Crecer en Paz es que organizaciones campesinas las trabajan en comodato.

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, que ha liderado esta iniciativa, dijo a través de su oficina de prensa que no se pronunciaría sobre este proyecto, y en las demás agencias que participan del proyecto dijeron que el único vocero es el consejero Archila.

Por su parte, María Clara Rodríguez fue enfática en que lo que existe hasta ahora es un borrador del proyecto y que será consultado con los líderes de la región. “No quiero que esto sea un proyecto que venga de Bogotá, porque va a generar mucho rechazo. Si usted ve la foto que hay de la ciudadela eso parece la sabana de Bogotá. Nadie ha mirado cuál es la finca, que ya tenemos preseleccionada. Nos vamos a reunir con los líderes, no para contarles, sino para proponerles que nos sentemos a formular”, sostuvo. Según dijo, lo que está acordado es que el consejero Archila se traslade a El Carmen de Bolívar el 21 de abril y se firme el convenio oficialmente entre la fundación y el Gobierno Nacional. 

En el mismo sentido habló Abello, de Argos. Insistió en los beneficios para los campesinos en procesos de restitución de tierras. “El Gobierno les ofrecerá ser parte del proyecto y ellos decidirán si se vinculan o no. Si fuera beneficiario, y me ofrecen alternativas como las que están planteadas, sería maravilloso porque son alternativas para vivienda, desarrollo de proyectos productivos, es un acompañamiento integral del Estado”. Por la naturaleza del proyecto, que integrará a excombatientes y personas reubicadas de otras zonas, Abello afirmó que se trata del “verdadero ejercicio de la reconstrucción del tejido social”.