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La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, principal rival del presidente Nicolás Maduro, alertó el miércoles que corre el riesgo de ser detenida de manera “injustificada”. Machado envió una carta a los 18 países más la Unión Europea (UE) como bloque que participaron en una conferencia sobre Venezuela en Bogotá, el 25 de abril pasado, enfocada en el alivio de sanciones a cambio de condiciones electorales.
“Mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada”, alertó en el texto que publicó en sus redes sociales.
Machado arrasó en las primarias de la oposición mayoritaria para ser la candidata a las presidenciales del 28 de julio, pero una prohibición para ejercer cargos públicos por 15 años, que ella rechaza, le impidió inscribirse en el proceso. Su remplazo, la académica Corina Yoris, tampoco pudo inscribirse, lo que generó críticas de gobiernos aliados como Brasil y Colombia.
“Se me sigue impidiendo salir del país e incluso tomar vuelos dentro de Venezuela, mientras que muchas de las personas que me brindan apoyo en mis actos de campaña son objeto de retaliación”, denunció, destacando además el arresto de ocho colaboradores y la orden de captura sobre otros siete, seis de ellos refugiados en la embajada argentina.
La denuncia se presenta luego de que el Parlamento de Venezuela aprobó el primer debate de una polémica ley “contra el fascismo” que apunta contra la oposición.
La “Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” fue presentada ante la unicameral Asamblea Nacional por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. La ley que consta de 30 artículos, “tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública”, así como “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascistas, neofascistas o de similar naturaleza”, según el texto.
En su artículo 22 el documento señala que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena”.
La “divulgación de mensajes prohibidos” en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a “medios electrónicos o impresos” de entre 50.000 y 100.000 “veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central”, equivalentes hasta a 100.000 dólares.
Además, se prohíben las reuniones o manifestaciones, así como “organizaciones políticas” donde se considere que existe una “apología” al fascismo.
“Esta ley contra el fascismo busca complementar la Ley de Partidos Políticos, pero busca también complementar y desarrollar (...) la ley del odio”, dijo Rodríguez al exponer el texto aprobado en primera discusión por “mayoría calificada”.
Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que será sometida a una segunda discusión antes de su sanción definitiva, implica más “represión”, pues “atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas”, señaló en X el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.
Maduro ha tildado al partido de Machado de “movimiento terrorista”, y en el Parlamento impulsó una ley para castigar “el fascismo”, un término que acuña normalmente para referirse a opositores y que críticos consideran busca intimidar a la oposición.
El proyecto, aprobado en primera discusión, contempla prisión por hasta 12 años y multas de entre 50.000 y 100.000 dólares.
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