Víctimas de masacre y desplazamiento forzado, los indígenas zenú del Cabildo Bello Horizonte fueron reubicados a seis kilómetros de Cerro Matoso S.A., la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente. La historia de su gobernadora es un retrato del despojo, contaminación y violación a los derechos de las comunidades étnicas del sur de Córdoba, un territorio en disputa entre la gran minería y los grupos ilegales.

RFI se asocia al consorcio internacional de investigación Forbidden Stories (Historias Prohibidas) para continuar la labor del periodista colombiano Rafael Moreno truncada con su asesinato, el 16 de octubre de 2022, en circunstancias aún no elucidadas. Entre sus denuncias, Moreno había sacado a la luz las oscuras prácticas de las grandes empresas mineras que operan en el sur del departamento de Córdoba: entre ellas, Cerro Matoso S.A., una de las minas de níquel a cielo abierto más grandes del mundo.

Por Angélica Pérez y Aabla Jounaïdi

De todos los municipios del sur de Córdoba el más peligroso es Montelíbano. En eso coinciden los periodistas y activistas que comparten nuestra mesa. De hecho, aquí asesinaron a Rafael Moreno, apunta uno de ellos. Y es justo aquí donde hemos dado cita a Yoli de la Ossa, la gobernadora del Cabildo Indígena zenú Bello Horizonte.

Llega acompañada de su sempiterna sonrisa y cuatro guardaespaldas. “Dos pertenecen a la Unidad Nacional de Protección de Víctimas. Y dos son compañeros de la Guardia Indígena porque, honestamente, yo no confío en el Estado. Usted sabe, uno lleva la ‘malicia indígena’ desde que nace”, explica Yoli con ese humor y desparpajo propios de la gente del Sur de Córdoba, una de las regiones más violentas de Colombia donde campean los grupos armados ilegales, la gran minería legal y la violencia hacia las comunidades.

“Aquí donde estoy, soy víctima de homicidio, desplazamiento y amenaza”. Al cuñado lo asesinaron los grupos guerrilleros y al hermano los paramilitares, precisa.1 (ver recuadro)

“Fue Mancuso”. Su voz se transforma en un hilo delgado y nervioso cuando nombra al temible comandante paramilitar, Salvatore Mancuso, que ordenó las dos masacres contra su comunidad en el municipio de Tierralta.

Las matanzas ocurrieron al final de los años 1990, el tiempo en que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) convirtieron a este territorio ancestral de indígenas zenú en feudo del paramilitarismo de extrema derecha, el narcotráfico y la contrainsurgencia. Justo allí, en Tierralta, el territorio de Yoli y su comunidad, se firmó la piedra fundacional de la parapolítica: el Pacto de Ralito.2 (ver recuadro final)

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“Los paras nos hicieron la primera matanza el 8 de septiembre de 1997. La segunda, un año después: el 26 de marzo. Esa vez, asesinaron a ocho personas y nos dieron 24 horas para abandonar nuestro territorio. Dijeron que, si no nos íbamos, nos mataban a todos.” Las 420 personas de la comunidad indígena se suman a los cien mil desplazados por masacres perpetradas en el sur de Córdoba desde la década de los 80 hasta comienzos de este siglo, y que constituyeron el 47% de las matanzas de todo el departamento.3 (ver recuadro final)

Minería legal y grupos ilegales se disputan el territorio

“Vivíamos en zona de parques” dice con nostalgia. Se refiere al Parque Nacional Natural Paramillo, décima área protegida más grande del país, zona hidrográfica, reservorio de biodiversidad, región de amplias reservas forestales y de gran importancia geoestratégica. Un paraíso natural dentro de un territorio en guerra.

Detrás de esa intrincada geografía se han escondido los cultivos de coca y los grupos armados al margen de la ley que remplazan al Estado: las extintas guerrillas FARC y EPL, luego los escuadrones del paramilitarismo de extrema derecha y actualmente el Clan del Golfo, “la organización criminal, ligada al narcotráfico y a la minería ilegal, más poderosa del país desde el punto de vista militar”, nos decía días atrás el senador Iván Cepeda, estandarte de la denuncia de los lazos entre la política y el narco-paramilitarismo en Córdoba.

El sur de Córdoba también es el edén para la gran minería: existen 60 títulos mineros vigentes, entre nacionales e internacionales y 180 solicitudes para explotación.

Esa disputa por la riqueza de este territoio lo convierte en una tierra ensangrentada y de despojo. Unas cifras para ilustrar: desde la implementación del proceso de paz en Colombia, en 2016, hasta el año 2020, fueron asesinados 37 líderes sociales en el sur de Córdoba (Fundación Cordobexia). 11 más de 2020 hasta la fecha (Indepaz).

Entre 1996 y 2012, fueron víctimas de desplazamiento forzado 213.701 personas de siete municipios del sur y la capital, Montería. Dicho éxodo implicó el abandono por violencia de 11.832 hectáreas. En ese mismo lapso y en los mismos territorios se concedieron para extracción minera 68.104 hectáreas.

“Nadie nos dijo nada”

Luego de huir a la fuerza de su territorio, la comunidad de Yoli estuvo tres años desplazada en tierras prestadas hasta el 24 de abril de 2021. "En esa fecha el Incora –actual Agencia Nacional de Tierras- nos reubicó en el corregimiento La Dorada en San José de Uré”.

Empezaba una nueva vida para ellos… A seis kilómetros de Cerro Matoso S.A.

“No sabíamos que la mina estaba tan cerca. Nadie nos dijo nada”. Muy pronto sabrían los que es vivir en la zona de influencia de una de las minas de níquel a cielo abierto más grandes del mundo: “Las especies empezaron a desaparecer, los cultivos de plátano y de ají no daban fruto. Veíamos caer un polvito amarillo, entonces colocamos totumitas de calabaza en los techos de las casas y comprobamos que se llenaban de ese polvito. Como no tenemos agua potable, nos ha tocado siempre recolectar agua lluvia que ya viene con esa escoria. La gente empezó a sentir mucha piquiña en las vistas y en la piel, dificultades para respirar. Y aumentaron los casos de cáncer al pulmón, a la matriz, al estómago y al seno.”

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Con la gobernadora del cabildo a la cabeza del movimiento, los indígenas de Bello Horizonte emprendieron la batalla contra Cerro Matoso S.A. “El cacique trajo a expertos que hicieron un estudio. Comprobado el impacto, llamamos al diálogo a la empresa. No nos escucharon. Hicimos una marcha pacífica de dos días y nos echaron encima al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Entonces, en 2013 paramos la actividad de la mina. 38 días estuvimos allí”.

En julio de 2014, seis meses después de bloquear la producción de la mina, Bello Horizonte interpuso una tutela conjunta con los otros 8 cabildos que integran el Resguardo del Alto San Jorge pueblo zenú a la que se sumó el Consejo de Comunidades negras de San José de Uré. En ella denunciaban que la actividad de Cerro Matoso S.A. ponía en riesgo la existencia de esas comunidades étnicas.

Cosa juzgada

Tras varias derrotas en los tribunales, la Corte Constitucional falló en 2017 a favor de los indígenas y afrocolombianos que habitan en la zona de influencia del complejo minero. La empresa apeló el fallo. Resultado: fue anulada de la sentencia la condena de crear un fondo etnográfico para la indemnización y reparación de las víctimas.

Pero sobrevivió la orden que obliga a Cerro Matoso S.A a brindar atención medica permanente a las comunidades y realizar con ellas la consulta previa.

Fatalidad! Inexplicablemente, el histórico fallo de la Corte Constitucional no cobija al Cabildo indígena Bello Horizonte. Su nombre y el resguardo indígena Embera Katio-Dochama, partes del proceso desde el comienzo, desaparecen entre los cientos de páginas de la sentencia.

“Si cobija a San José de Uré que está a 11 kilómetros, por qué a nosotros no que estamos a seis kilómetros. Si nuestro último cabildante vive a cinco minutos a pie del cerro. Si los vientos que cargan la contaminación de Cerro Matoso S.A. pasan primero por mi cabildo. ¿Por qué nos excluyeron de la sentencia?“ se pregunta la gobernadora indígena.

“Cosa Juzgada” han respondido los tribunales en cada recurso de apelación. Ni siquiera indagan las razones por las que se excluyó al cabildo. Y no dan marcha atrás, afirma Pedro Villamarín, el abogado que representa a los indígenas de Bello Horizonte y que ha interpuesto varios recursos buscando, en vano, una explicación.

Una pregunta con la que también se fue a la tumba Rafel Moreno. El periodista cordobés asesinado estaba indagando sobre las razones por las que esos dos cabildos indígenas que hicieron parte de la acción de tutela en 2013 fueron excludios misteriosamente de la sentencia de la Corte Constitucional.

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El día llega a su fin y nos advierten que no es prudente viajar en esta zona cuando cae la noche.

¿Y cómo sigue la gente de su comunidad?, preguntamos a Yoli antes de despedirnos.

“Con problemas respiratorios y muriendo de cáncer. Mi esposo falleció a los 56 años de un cáncer que se le comió los pulmones. Mi hermana acaba de salir de quimioterapia. Y en el cabildo hay tres niños que han nacido sin ano y con los dos sexos. Sin paladar, con un solo ojo y un solo oído. Uno de ellos es mi nieto”.

Los estudios médicos hechos a las familias de estos niños descartan causas genéticas, precisa. “Queremos investigar científicamente el origen de esas patologías. Pero eso cuesta mucho dinero. Y no lo tenemos”.