En las oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presenció un día para la memoria. El órgano de la justicia transicional comunicó y renovó la entrega de los decretos de amnistía de iure a los firmantes del proceso de Paz de 2016, quienes dejaron las armas y su pertenencia a las extintas FARC, para apostarle a la reincorporación en sociedad. En el evento hicieron presencia distintos magistrados de salas relacionadas en la JEP, así como el jefe del Partido Comunes y exlíder guerrillero, Rodrigo Londoño “Timochenko”, así como el alto comisionado para la Paz, el también exguerrillero, pero del M-19, Otty Patiño.

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El primero en tomar la palabra fue el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, quien aseguró que de las casi 15.000 personas que quisieron hacer procesos de reincorporación, quedan 12.105. Explicó que, si bien las amnistías se entregaron, en principio, en 2017 y 2018, los excombatientes han tenido problemas con las autoridades judiciales y las instituciones del Estado para el reconocimiento de su condición de desmovilizados. Esto se ha traducido en detenciones arbitrarias y en la pérdida de beneficios como sujetos reincorporados a la sociedad, tales como el acceso al trabajo sin discriminación.

A su turno, la magistrada Alexandra Sandoval, presidenta de la Sala de Amnistía de la JEP, agregó que, si bien hace más de cinco años se entregaron más de 9.600 amnistías, hubo falencias en la comunicación de estas, lo que ocasionó que excombatientes hicieron un doble trámite en la JEP. Volver a entregar las amnistías tiene el objetivo de que los exguerrilleros tengan claridad sobre su situación jurídica. Para ello, se lanzará una plataforma en internet desde la cual los excombatientes podrán descargar un certificado que sostenga su presente con la justicia.

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Además, para reforzar la correcta llegada de los certificados, en los lugares donde no exista un fácil acceso a internet en Colombia, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) estará haciendo entregas en las zonas donde se encuentran concentradas las personas beneficiadas. Asimismo, la JEP se comprometió a hacer jornadas de entrega en otros puntos clave. Se espera que la estrategia se complete, a nivel nacional, durante el primer semestre de 2024.

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Rodrigo Londoño, ahora jefe del partido Comunes y en la guerra conocido como Timochenko, hizo hincapié en las dificultades que han tenido los excombatientes para reincorporarse a la sociedad. La incorrecta comunicación, aseguró, terminó en la deserción de centenares de exguerrilleros. Y, lo que considera de la misma gravedad, la falta de garantías no permitiría a otras organizaciones criminales, como lo fue las FARC, intentar acercarse a procesos de paz, sabiendo que hay dificultades en el cumplimiento pleno de las garantías.

A su turno, Otty Patiño, el alto comisionado para la Paz, se enfocó en su caso de exguerrillero del M-19 y en cómo la concesión plena de la amnistía a su favor significó un correcto regreso a la vida en sociedad. De hecho, ahora es miembro del alto gobierno y negocia con el ELN una posible dejación de armas, entre otros actores. “Me permitió el ejercicio libre y pleno de mi condición de ciudadano. Con base en esos derechos, tuve el privilegio de participar en la Constituyente de 1991 y participar en la construcción de la nueva institucionalidad de Colombia”, explicó.

En contexto

Según la ley 1820 de 2016, por la cual se reglamentan las amnistías, indultos y tratamientos penales especiales en el marco del proceso de paz, decretos de amnistía como los que se entregaron este miércoles se conceden por delitos políticos. Estos pueden ser por rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Asimismo, delitos conexos relacionados con actividades de la guerra, como el apoderamiento de medios de transporte, violación ilícita de comunicaciones, daño en bien ajeno y, por supuesto, porte de armas de fuego y perturbación a certamen democrático.

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Los decretos de amnistía solo se pudieron haber firmado si el procesado, firmante de la paz, estuvo procesado o juzgado por su pertenencia o colaboración con las extintas FARC. Asimismo, si hacen parte del listado que la misma organización criminal envió al Gobierno Nacional tras la entrada en vigor del Acuerdo de 2016. Aunque la JEP reconoció, en 2019, que la idea es aplicar amnistías en un margen amplio, de ninguna manera permitirá que se les entregue a exguerrilleros procesados por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores de edad, violencia sexual o desaparición forzada.

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